La Fiscalía de Bolivia acusó al expresidente Evo Morales, quien se encuentra refugiado en la Argentina, de haber cometido actos de «terrorismo», y pidió su detención. La medida tiene lugar ocho meses después de su renuncia, en noviembre de 2019, entre presiones militares y policiales, tras detectarse irregularidades en las elecciones de octubre.
La acusación fue emitida por la Comisión de Fiscales Anticorrupción, informó la Fiscalía General. Bolivia es gobernada desde la renuncia de Morales por la presidenta interina Jeanine Áñez, quien al momento de la renuncia de Morales era legisladora opositora, y está previsto que se celebren nuevos comicios en menos de dos meses. En febrero, el Tribunal Electoral de Bolivia confirmó que Morales no podría presentarse como candidato a senador, como pretendía.
Evo Morales es investigado en el denominado Caso Audio, a raíz de una grabación telefónica en la que una voz que se atribuye al expresidente insta a bloquear ciudades durante el conflicto político y social que atravesó el país entre octubre y noviembre del año pasado.
La imputación por supuestos delitos de terrorismo y financiamiento del terrorismo se basa en una conversación telefónica con el dirigente cocalero Faustino Yucra
«De acuerdo con las investigaciones, se evidenció que el ex jefe de Estado y el coimputado Faustino mantuvieron comunicación mediante llamadas telefónicas el 14 de noviembre de 2019, desde la ciudad de México [donde entonces estaba Morales] hasta El Torno», en Bolivia, según un comunicado de la Fiscalía.
«Aparentemente, en esa conversación Morales habría instruido al dirigente cocalero cometer actos ilícitos durante los hechos violentos registrados en el país a partir del 10 de noviembre de 2019». Esa es la fecha en la que el entonces mandatario anunció su renuncia y denunció que era forzado por un golpe de Estado.
Según un reporte de llamadas a las líneas telefónicas de ambos, realizado por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial de Bolivia, indica que Morales y Yucra se habrían comunicado, al menos, en dos ocasiones más, entre el 12 y 17 de noviembre, según la Fiscalía.